Preferentes, o cómo robar a los pobres para dárselo a los ricos.

El Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto que, bajo el inapropiado título de protección al ahorrador, encubre el robo legal e impune a cientos de miles de titulares de acciones preferentes y subordinadas. El Decreto establece una quita astronómica. Las pérdidas pueden ascender hasta el 70% de la inversión inicial del ahorrador, con la posibilidad de una segunda quita en el futuro. 

Solo en 2009 las entidades financieras vendieron 11.353 millones de euros en participaciones preferentes a sus clientes, con el caramelo de una alta rentabilidad y olvidándose de especificar que en contra de lo que el adjetivo “preferente” podía sugerir, el caramelo tenía algunos riesgos: eran perpetuas (sin vencimiento); el interés estaba supeditado a que la entidad emisora tuviese beneficios; el precio estaba sometido a los vaivenes del mercado (por lo que pueden perder todo o parte del capital invertido) y no estaban cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Una estafa bancaria masiva.

Ante la necesidad de liquidez por parte de la banca, estos productos (que contabilizan como recursos propios de la entidad) se convirtieron en la forma más barata de obtener financiación. Con un pequeño inconveniente: como los fondos de inversión no estaban dispuestos a poner un duro en el sector, había que encontrar unos pardillos a quienes endosar el marrón. Se impuso el todo vale: menores de edad, discapacitados, indemnizados por despido, jubilación o accidente y, fundamentalmente, mayores de 65 años (el 80% de afectados, según la OCU).
 

De nada sirvió la legislación, que protege en el papel a los clientes minoristas ante los riesgos cada vez mayores de los productos financieros que comercializa la banca, no accesibles para el consumidor medio; ni la obligación de actuar con diligencia y transparencia. Como señala el reciente informe de la Defensora del Pueblo sobre el tema “los poderes públicos centraron su interés en la capitalización y el saneamiento de las entidades financieras en detrimento de los derechos de sus clientes”.
 

Los banqueros mintieron a la hora de endosar el producto a sus clientes; mintieron también pasando el muerto de las preferentes que poseían clientes VIP a otros menos VIP con precios muy alejados de su valor de mercado, como señala un informe de febrero de la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV); y siguen haciéndolo. En la primera semana de abril, miles de afectados gallegos se enteraron, ¡a estas alturas! de que no eran titulares de un depósito, sino de un producto tóxico. La realidad es concreta. El fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, afirma que “el 90% de estos pequeños inversores fueron engañados”.

Arbitrajes en Galicia. Del mito a la realidad.

El Gobierno trata de mantener la esperanza de los afectados con el recurso a la vía arbitral. En principio, aquellos afectados que recurran al arbitraje, recuperarían casi la totalidad de su inversión.
 

Sin embargo, los arbitrajes realizados en Galicia (que el Gobierno pone como ejemplo en todo el Estado) no han, ni mucho menos, resuelto el problema de los preferentistas gallegos.

De hecho, el nivel de movilización y cabreo de los afectados gallegos, lejos de reducirse tras el inicio del arbitraje, se ha incrementado con creces. Tanto, que el PP tuvo que celebrar su congreso en el inaccesible recinto ferial de Silleda, protegido por un impresionante despliegue de guardias civiles con el delegado de Gobierno al frente. Y es que una de las principales quejas de este colectivo a día de hoy, es su utilización electoralista. Mientras las semanas previas a las elecciones autonómicas gallegas (octubre de 2012) se resolvían hasta 300 solicitudes al día, ese número ha descendido notablemente después de los comicios, y a día de hoy hay todavía pendientes 60.000 (El País, 25 de marzo). La última protesta se produjo el 21 de abril, con una manifestación bajo el lema “No a la quita” en la que participaron más de 12.000 afectados que inundaron las calles de Vigo al grito de “Manos arriba, esto es un atraco”, en la mayor movilización organizada hasta el momento.
 

El segundo motivo de protesta es el desconocimiento de los criterios para la selección para acceder a la vía arbitral. El portavoz de afectados de Compostela, Xesús Domínguez, denunciaba en El País la utilización partidista de la vía arbitral, donde se ha favorecido a “cargos políticos y concejales del PP”. Domínguez resaltó que se da esta circunstancia incluso con personas que reconocen ser inversores (y, por tanto, no han sido estafados) y han destinado más de 100.000 euros a estos productos, mientras que no se llama para este proceso “a personas con minusvalías psíquicas y físicas y con rentas mínimas”.

En la misma línea se ha manifestado el reciente informe de la Defensora del Pueblo, que cuestiona que los sistemas arbitrales de las entidades financieras utilicen una consultora privada externa, con su correspondiente coste cuando ahora están nacionalizadas y controladas por el Estado. “No se conoce el procedimiento seguido para la adjudicación de este trabajo a la mencionada consultora”, indica, al tiempo que entre las entidades y las consultoras existe una relación previa que genera desconfianza en los afectados.

Así funciona el capitalismo.

Como señalaba Javier Marías en un reciente artículo, resulta irónico (y repulsivo) que sean los mismos que azuzan el miedo a los comunistas con el argumento de que “si ganan nos lo quitarían todo por la fuerza”, los que se dediquen a permitir el secuestro de los ahorros de cientos de miles de pensionistas y trabajadores, con el fin de salvar a la banca. Mientras el 2,6% de los clientes de NovaCaixaGalicia ha visto convertirse en humo su dinero, sus consejeros ganaron un millón de euros, y los miembros de la alta dirección 2,1 millones de euros (un 25% más que 2011), en un año de pérdidas históricas para el sector.

El sector financiero es un oligopolio, que sabe que detrás siempre hay un Banco Central que no puede permitir que se desmorone todo el sistema. Para ello no duda en socializar las pérdidas, y cargar a la clase obrera con una deuda ilegítima, que a algunos los ha enriquecido groseramente. Ya lo sintetizó el multimillonario Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. La hemos empezado nosotros, y la estamos ganando”. De la unidad de la clase obrera para dar una respuesta firme  depende que podamos contestarle lo siguiente: “hasta ahora”.

Escrito por Sabela Carballeira.