| La crisis económica y la oldeada de ataques salvajes contra los trabajadores están teniendo un gran impacto en la conciencia de millones de personas y no sólo porque ponen a las claras el verdadero funcionamiento del sistema capitalista. |
El
descrédito y la desconfianza hacia la política oficial burguesa, a sus
instituciones y representantes, es cada vez más extendido y profundo,
añadiendo más combustible a una situación social que ya de por sí tiene
un enorme potencial explosivo. Hay un contraste insultante entre la
exigencia de duros sacrificios que los trabajadores y jóvenes debemos
hacer para “salir todos juntos de la crisis” y el comportamiento de las
altas esferas de la sociedad y del Estado, que exhiben su opulencia e
impunidad con todo desparpajo.
Extendido y profundo desprestigio institucional.
Una reciente encuesta de Metroscopia
pone en evidencia esa profunda desconfianza en las instituciones. El 62%
de la población considera que funcionan mal o muy mal, elevándose al
69% para el caso de la justicia, y un 79% considera que los políticos no
están a la altura de las circunstancias, tanto entre votantes de la
izquierda como de la derecha. De octubre de 2011 a mayo de 2012, el
porcentaje de ciudadanos que piensa que el actual sistema democrático
sigue siendo el mejor que ha tenido nuestro país en su historia ha caído
del 72% al 56%.
Con el telón de fondo de la crisis económica, el
desempleo masivo, los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a
la banca; hemos presenciado la bochornosa actuación monárquica, con el
Rey cazando elefantes en África, su nieto disparándose en el pie también
de caza, y su yerno robando, presuntamente, dinero público con las
manos llenas. El deterioro de la imagen de la monarquía es especialmente
significativo en la medida que la burguesía y los dirigentes
reformistas de la izquierda durante las últimas tres décadas han tratado
de presentarlo como un hombre “campechano, demócrata y moderno” para
poder utilizarlo en un futuro auge de la lucha de clases como
salvaguarda del sistema capitalista, en base a las prerrogativas
golpistas que contempla la Constitución.
La justicia también ha dado
claras muestras de que no es igual con ni ante todos los ciudadanos y ni
mucho menos es apolítica o independiente del gobierno y la burguesía.
Más bien al contrario. Tras cuatro años de crisis económica, no se ha
juzgado ni investigado a ninguno de sus responsables, los banqueros y
grandes empresarios. Pero sí hemos visto que los juicios por los
incontables casos de corrupción (Gürtel, Millet...) se eternizan en el
tiempo o se archivan sin más. Un caso sonado ha sido la absolución de
Francisco Camps de las tramas de corrupción en el País Valenciano, quien
se jactaba públicamente de tener amigos íntimos entre los jueces de las
altas instancias judiciales.
Por otro lado, el juez Garzón ha sido
condenado a inhabilitación por tratar de investigar el franquismo (con
la excusa de las escuchas del caso Gürtel) por el Tribunal Supremo,
entonces presidido por Carlos Dívar, también presidente del Consejo
General del Poder Judicial y juez desde la época franquista. El
escándalo público que han provocado las noticias acerca de la vida de
lujo que este individuo se permitía a costa del erario público, motivo
por el cual le han obligado a dimitir, nuevamente pone de manifiesto que
no existe ningún tipo de control sobre cuánto y cómo gastan el dinero
público.
El proceso de “nacionalización” de Bankia, observado con
estupor e indignación por millones de personas, ha sido muy clarificador
sobre los verdaderos objetivos de los recortes sociales. A pesar de que
el 95% de la población cree que se debería investigar la gestión de
Bankia, Rajoy zanjó a primeros de junio cualquier posibilidad de
comparecencia de Rodrigo Rato ni ningún tipo de comisión de
investigación. Aunque finalmente parece que Rato sí comparecerá, está
claro que se trata de un nuevo caso de impunidad empresarial. Eso sí,
Bankia no ha dejado pasar ni un día para continuar con su política
usurera de desahucios de familias trabajadoras de sus casas.
Democracia de cartón piedra.
El parlamento tampoco se escapa de esta
oleada de desprestigio. Rajoy está gobernando a base de decretos ley,
sin ni tan si quiera cubrir las formas con el trámite del debate
parlamentario. El rescate de 100.000 millones de euros a la banca
española, la “nacionalización” de Bankia o el recorte de 10.000 millones
de euros en sanidad y educación, han sido ventilados en breves sesiones
parlamentarias o simplemente anunciados mediante una nota de prensa.
Además, el gobierno ha anunciado que este año el debate del estado de la
Nación no se llevará a cabo.
Evidentemente, si se celebrara dicho
debate, o si se realizaran plenarios del parlamento ante cada medida o
recorte del gobierno, esto no cambiaría el contenido reaccionario de las
mismas ni las convertiría en medidas más democráticas. El resultado
final sería el mismo en virtud de la mayoría absoluta del PP. Pero el
hecho en sí de cómo aplican todas estas medidas sí está poniendo al
descubierto ante millones de trabajadores cuál es el funcionamiento del
Estado y su carácter de clase, como decía Marx: “el gobierno del Estado
no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la
clase burguesa” (El Manifiesto Comunista).
Estos “descuidos” del
gobierno no son debidos solo a las tradiciones franquistas de la
burguesía española y el Partido Popular (algo que sin duda influye),
sino a que las exigencias del capital financiero sobre los gobiernos son
tan crudas y directas que toda la “ornamenta democrática” queda
severamente dañada. Este no es un fenómeno particular del Estado
español, como hemos podido observar con la formación de gobiernos
“tecnócratas” en Italia o Grecia.
Todas estas tendencias están vinculadas a un incremento de medidas represivas contra la lucha de los trabajadores y de la juventud en el último periodo. La oleada de detenciones de sindicalistas después de la huelga general del 29-M o la salvaje intervención policial contra los estudiantes valencianos son dos muestras muy significativas de ello.
Hoy más que nunca es necesario
defender, junto a los derechos sociales, los derechos democráticos
fundamentales como el derecho a huelga, manifestación, organización,
libertad de expresión... así como exigir responsabilidades por el
despilfarro del dinero público por parte de esta minoría social que no
da cuentas a nadie. Pero esa lucha es parte de la lucha por la
transformación socialista de la sociedad ya que la corrupción, el
comportamiento arrogante de los poderosos, la represión y el doble
rasero de la justicia del Estado es parte consustancial del sistema
capitalista. La crisis, la intensificación de la protesta social y el
pesimismo decadente de la clase dominante no hacen más acentuar esos
rasgos del sistema político burgués.
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